La productora que quería plasmar lo sucedido desistió de la realización de un documental.
A Gabriel Cruz, un niño de 8 años, le quitó la vida la que era la novia de su papá en el 2018. Su caso fue muy mediático en España, lugar en donde ocurrió.
Luego de años de lucha, Patricia Ramírez, la mamá del niño, logró evitar que la historia se vuelva una serie de ‘true crime’ y la productora que quería plasmar lo sucedido desistió de la realización de un documental.
Patricia fue a una audiencia ante la Comisión Interior del Senado de España y denunció que la responsable de la muerte del pequeño, Ana Julia Quezada, estaría dando entrevistas para una serie documental sobre el crimen y que recibiría dinero por ello.
«Piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida», dijo Ramírez ante el Senado.
Ella aseguró que las entrevistas fueron obtenidas de manera irregular y criticó al Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por permitir las grabaciones.
Patricia supo de la noticia de las entrevistas hace tres años, cuando la contactaron para que participara en el proyecto.
«Yo creo que el límite está en el respeto a las familias, en que se les pida consentimiento, que no se les haga daño y que se trate de forma respetuosa a las víctimas», dijo Ramírez a CNN.
La mujer aclaró que no está en contra de este tipo de producción, pero no quiere que se hable más de lo que le sucedió a su hijo para no alimentar “el morbo” de las personas.
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La abogada de la responsable de la muerte de Gabriel niega haber recibido dinero por alguna entrevista
El diario El País de España reportó que luego de las denuncias, Quezada fue trasladada a un módulo de aislamiento en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, para protegerla.
Por otro lado, el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias remitieron un comunicado que dice que el Ministerio y la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias escuchó las peticiones de Ramírez e investiga «cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario».
Esteban Hernández Thiel, un abogado de oficio que atendió el caso de Quezada, le dijo a CNN que no conoce de ningún acuerdo económico o que se le haya pagado a la mujer.
«Obviamente, no habiéndose concedido por las autoridades entrevistas alguna, es difícil que pueda la señora Quezada cobrar por ello».
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