En el primer dia de la COP26, más de 100 líderes mundiales se comprometieron en un pacto histórico a detener la deforestación, restaurar la vida de los bosques y poner fin a la degradación de la tierra para el año 2030. La declaración de intenciones llega acompañada de una inversión de 19 mil millones de dólares para restaurar más de 13 millones de millas cuadradas de bosques.
El pacto fue apoyado particularmente por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, China, Rusia y países latinoamericanos como Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica, Honduras o Guatemala. Y también por Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo (RDC).
Los implicados en el pacto albergan el 85% de los bosques del mundo y, en consecuencia, son quienes más explotan y degradan este valioso recurso natural.
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La deforestación y la degradación de los bosques representan alrededor del 11% de las emisiones de carbono del mundo.
Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la destrucción de la selva tropical aumentó un 12 % de 2019 a 2020, con 258.000 kilómetros cuadrados. Es decir, se perdió un área del tamaño de Reino Unido.
Los bosques se consideran un recurso clave para abordar los efectos del cambio climático. Un 30% del CO2 global que se libera con la quema de combustibles fósiles es absorbido por los bosques cada año, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El hecho de que estos bosques estén desapareciendo a un ritmo alarmante reduce casi por completo la posibilidad prevenir el calentamiento global.
Detener la pérdida y degradación de los ecosistemas forestales y promover su restauración es un paso fundamental para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
Además, a nivel mundial, 1.600 millones de personas (casi el 25% de la población mundial) dependen de los bosques para su sustento, sobre todo las sociedades más pobres y subdesarrolladas. Los bosques proporcionan entre 75.000 y 100.000 millones de dólares anuales en bienes y servicios, como agua potable y suelos sanos. Por último, los bosques albergan el 80% de la biodiversidad terrestre del mundo.
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Este no es solo un pacto político y simbólico, sino que el acuerdo forestal reúne una alianza de inversores, empresas y comunidades. En total, se destinaran 12 mil millones en fondos públicos (2021-2025) para proteger y restaurar los bosques, abordar los incendios forestales y apoyar los derechos indígenas. Y del sector privado se esperan al menos 7.200 millones provenientes de más de 30 inversionistas, entre ellos firmas como Aviva, Schroders y AXA.
También se especifica que los directores ejecutivos de más de 30 instituciones financieras se comprometerán a eliminar la inversión en actividades vinculadas a la deforestación.
“Abordar la deforestación es un componente esencial para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ° C”, dijo Simon Lewis, profesor de ciencia del cambio global en el University College London, en un comunicado.
“Es una buena noticia tener un compromiso político para poner fin a la deforestación en tantos países. Que los pueblos indígenas finalmente sean reconocidos como protectores clave de los bosques es particularmente bienvenido”, dijo Lewis.
“Sin embargo, el verdadero desafío no está en hacer los anuncios, sino en entregar políticas y acciones sinérgicas y entrelazadas que realmente reduzcan la deforestación a nivel mundial”.
“Esperamos que llegue el día en que los sectores políticos y económicos presionarán por una tenencia segura para las comunidades [indígenas], no solo porque es lo correcto. También porque es apropiado, de hecho urgente, a la luz de la evidencia, que representemos una solución efectiva y sin explotar para la deforestación que no han podido detener por sí mismos ”, agregó Joseph Itongwa Mukumo, coordinador de la Red de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para el Manejo Sostenible de Ecosistemas Forestales.
La COP se refiere a la Conferencia de las Partes, una reunión que se celebra cada año como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La convención se inauguró en el año 1992 y establecía que los gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana estaban contribuyendo exageradamente al cambio climático.
Desde entonces, se estableció que se celebraría cada año con la finalidad de controlar el cumplimiento de los tratados que se decretasen. En ellas participan los delegados y ministros de los casi 200 países del mundo. Este año, donde se celebra la conferencia número 26, la participación se ha extendido al mundo empresarial y al activismo social. Además, se presenta como la última oportunidad real para revertir la crisis climática que amenaza con acabar con la estabilidad natural del planeta.
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