¿Conoces Los 'hipopótamos de la cocaína' de Pablo Escobar? La corte de EE. UU dictamina que también son personas. Crédito: Arte PG + Wikipedia
En la década de 1980, Pablo Escobar importó ilegalmente cuatro hipopótamos para exhibirlos en su rancho colombiano. Eran un macho y tres hembras. Todo un capricho pagado con narcodólares. Los animales se convirtieron en una de las atracciones más extravagantes del zoo privado de la Hacienda Nápoles, la principal residencia el líder del cártel de Medellín en sus días de reinado en el narcotráfico internacional. Después de la muerte del capo en 1993 y de la expropiación de la finca, los animales quedaron allí abandonados a su suerte. Y se empezaron a reproducir sin control.
Actualmente, el número de hipopótamos en la zona ha aumentado hasta una cifra que se estima entre los 65 y 80 ejemplares. Y esos hipopótamos se han convertido en un riesgo ecológico en Antioquia. Y también en un asunto de disputa legal con dimensión transfronteriza.
¿Qué hacer con los ‘hipopótamos de la cocaína’? Existen posturas enfrentadas a la hora de plantear respuestas para esa pregunta. Y ahora, un tribunal de EEUU acaba de dictaminar que, en esa disputa, los hipopótamos deben ser consideradas ‘personas interesadas’ según la ley estadounidense. Los animales, considera la corte, tienen el derecho legal de ser representados y de que sus intereses sean escuchados en los tribunales.
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La descendencia de los hipopótamos que Escobar llevó a Colombia se ha extendido a lo largo de la cuenca del río Magdalena. Algunos especialistas estiman que el número podría superar los mil ejemplares en 20 años si no se interviene. Su existencia supone una amenaza para la biodiversidad de la zona. Además, existe el miedo de que puedan producirse encuentros mortales con humanos.
A principios de año, un estudio publicado en la revista Biological Conservation agitó la cuestión. Existe consenso sobre la necesidad de controlar el número de hipopótamos en el territorio colombiano, pero no hay acuerdo en el cómo. Algunos especialistas recomiendan sacrificar a los hipopótamos, pero otros científicos piden tomar el camino de la esterilización. Y ahí es dónde entra en juego la demanda presentada por Animal Legal Defense Fund contra el gobierno colombiano. ¿Su motivación? Evitar el sacrificio de los hipopótamos y asegurarse de que la esterilización se hace de la manera menos perjudicial para los animales.
Los abogados de Animal defense Fund pidieron al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Cincinnati que otorgue el estatus de ‘personas interesadas’ a los hipopótamos para que dos expertos en esterilización en vida silvestre de Ohio pudieran presentar sus alegatos en el caso. Y la petición ha salido adelante: la magistrada Karen Litkovitz accedió a la solicitud el 15 de octubre.
El grupo de derechos de los animales ha calificado la orden como una victoria histórica en los largos esfuerzos por otorgar a los animales el estatus de personas en el sistema judicial de los Estados Unidos. Aun así, según Camilo Burbano Cifuentes, profesor de derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, la orden no tendrá ningún peso legal en Colombia.
“El fallo no tiene impacto en Colombia porque solo tiene impacto dentro de sus propios territorios”, explica el experto en declaraciones a The Guardian. “Serán las autoridades colombianas quienes decidan qué hacer con los hipopótamos y no los estadounidenses”.
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Al margen de su poder vinculante en tierras colombianas, el reconocimiento de la personalidad legal de los hipopótamos de la Hacienda Nápoles sienta un precedente en EEUU en la lucha por la defensa de los animales.
Hace solo cuatro años, un juez de Connecticut calificó una petición presentada por un grupo animalista que pedía otorgar la condición de persona a tres elefantes en un zoológico como “totalmente frívola”. Parece que algo se ha avanzado desde entonces.
En términos generales, el reconocimiento de la personalidad jurídica de un animal supone el reconocimiento de su derecho a que sus intereses sean escuchados y representados. Unos intereses que responden a las leyes de crueldad animal y de protección. Se trata, por lo tanto, de que los animales —quien actúe en su representación, para velar por su bienestar— tengan la capacidad de reclamar y hacer cumplir los derechos que les han sido otorgados por ley.
¿Alguien puede estar en contra de eso?
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