El 4 de agosto de 2020 una enorme explosión sacudió Beirut. La explosión, que llegó a escucharse en Chipre, a más de 240 kilómetros de distancia, causó 207 muertos, 6.500 heridos y 300.000 desplazados. Unos 9.700 edificios quedaron severamente dañados o destruidos, según estimaciones de la ONU.
Minutos después de la catastrófica explosión, muchos intuían la causa. El director general de Seguridad General del Líbano, Abbas Ibrahim, fue el primero en relacionar públicamente la explosión con un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban seis años almacenadas, sin las debidas medidas de seguridad, en un hangar del puerto.
El cargamento había sido confiscado en 2014 a un buque de carga ruso, el MV Rhosus, que fue abandonado en Beirut por sus fletadores. Las autoridades habían sido advertidas en varias ocasiones del peligro que suponía el nitrato de amonio. El 4 de agosto, la carga se incendió y pulverizó el puerto principal del Líbano.
Donde estaba aquel almacén, ahora solo hay un enorme socavón tomado por el mar.
La explosión del puerto de Beirut está considerada una de las explosiones artificiales no nucleares más poderosas de la historia. La devastación que causó así lo atestigua.
Doce meses después, las cicatrices de aquel trágico suceso siguen visibles en las calles y en la vida de la ciudad. El enorme campo de escombros en el que quedó convertido el puerto sigue prácticamente en el mismo estado que hace un año. Miles de edificios siguen dañados y pendientes de rehabilitación.
Según el último informe del Sector Humanitario de Refugio, encabezado por ACNUR y el Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), ya se han rehabilitado casi todas las viviendas con daños menores, como cristales rotos o puertas reventadas. Este tipo de impacto se registró en inmuebles ubicados en un radio de entre cinco y diez kilómetros desde el epicentro de la tragedia.
En lo que respecta a los 1.172 inmuebles residenciales que quedaron afectados de forma ‘moderada’ —con daños como tabiques caídos—, se han completado las obras en entre un 60 % y un 70 % de los casos. Sin embargo, el proceso de reconstrucción de las residencias que sufrieron daños estructurales catalogados como “severos” está siendo muy lento. Sólo alrededor de un 10 % de los 1.093 edificios evaluados dentro de esa categoría han sido rehabilitados.
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Las toneladas de escombros generadas por la explosión suponen también un peligro para la salud pública. Muchas de las casas antiguas de Beirut estaban edificadas con materiales que contienen amianto, un componente potencialmente cancerígeno cuando es inhalado. Se ha comprobado que varios de los puntos designados en la ciudad para el almacenamiento de los escombros contienen desechos contaminados con asbestos.
Los efectos de la explosión también se siguen notando en el plano de las infraestructuras públicas, tanto a nivel de calle como bajo la superficie. Los daños a la red de agua fueron mínimos, según las autoridades, pero el sistema de alcantarillado sí se vio afectado.
“La onda expansiva viajó bajo tierra e hizo salirse todas las pesadas tapas de las alcantarillas, así que te puedes imaginar lo que pasó con las tuberías”, explica Elie Mansour, jefe de la Unidad de Planificación Urbana y Diseño de la ONU-Hábitat en el Líbano, en declaraciones a EFE. “En todo este tiempo nadie ha llevado a cabo ningún sondeo, ninguna evaluación, nadie ha abierto las alcantarillas para ver qué pasó en la red”.
Mansour considera un milagro que no se registrasen inundaciones el pasado invierno. Al experto también le preocupa la rehabilitación de dos centros de clasificación y reciclaje de residuos que “se ocupaban de la mitad de los deshechos sólidos de Beirut”, y que no han vuelto a estar operativos.
Sin estas instalaciones de reciclaje, casi todos los residuos que produce la urbe acaban en vertederos que están al borde de la saturación. “Estamos a las puertas de una crisis de deshechos sólidos si no se emprenden acciones para rehabilitar las instalaciones de clasificación de residuos”, asegura el ingeniero.
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Los esfuerzos para depurar responsabilidades por la tragedia han progresado poco en estos doce meses. Las preguntas sobre los motivos del viaje de MV Rhosus a Beirut, sobre quién era el propietario último del buque y el beneficiario final del nitrato, cómo se incendió la carga y si se produjeron movimientos o retiradas de parte del depósito en los días previos a la explosión siguen sin respuesta.
Los intentos de llevar a cabo investigaciones judiciales han llevado a la detención de algunos burócratas, pero las autoridades al más alto nivel se han negado a ser interrogados o a votar a favor del levantamiento de la inmunidad que los protege.
En un informe recién publicado, Human Rights Watch carga duramente contra esas autoridades, llegando a acusarlas de negligencia criminal.
“La evidencia actualmente disponible indica que múltiples autoridades libanesas fueron, como mínimo, negligentes criminalmente bajo la ley libanesa en su manejo del cargamento del Rhosus”, dice el informe.
“Las acciones y omisiones de las autoridades libanesas crearon un riesgo irrazonable para la vida. Además, la evidencia sugiere que algunos funcionarios del gobierno previeron las muertes que la presencia de nitrato de amonio en el puerto podría ocasionar y aceptaron tácitamente el riesgo de que ocurrieran dichas muertes. Según la legislación nacional, esto podría constituir un delito de homicidio con probable intención y/o homicidio involuntario”.
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