Giorgia Meloni. Foto: EFE
A solo 10 días de jurar como primera ministra de Italia, Giorgia Meloni ya firmó un decreto que, de facto, prohíbe las raves (fiestas de música electrónica). Por supuesto, la aprobación de este artículo no ha caído muy bien en varios sectores de la sociedad y el parlamento.
Dentro del nuevo tipo de delito anexado al código penal se contemplará desde ahora que «la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública». Esto quiere decir que las raves quedarán prohibidas en Italia, así como conciertos de rock y otros eventos de mediana envergadura.
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Quienes incumplan con esta norma y organicen fiestas de este tipo se arriesgarán a una multa de hasta 10 mil euros, y una pena entre tres y seis años de prisión.
Vale la pena aclarar que en el texto de la nueva ley no se especifica nada sobre las raves; no obstante, el proyecto fue redactado después de que una fiesta electrónica ilegal se desarrollara en una nave agrícola de Módena. No es casualidad.
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La nueva ley firmada por Giorgia Meloni ha generado distintas reacciones en la sociedad y en el parlamento italiano. Por ejemplo, la oposición ve esta nueva norma con malos ojos y la consideran una coartación de la libertad no solo para las raves, sino para otras concentraciones como protestas o sindicatos. Es que, de hecho, la ley es demasiado ambigua y deja muchos espacio para las dudas.
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«La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Tiene castigos desproporcionados que puede que no solo se apliquen a las raves», dijo el político Andrea Orlando.
Mientras que el oficialismo defiende que es una medida de salud y seguridad pública, otros miembros del parlamento dicen que se trata de una ley digna de «un estado policial».
El debate sigue abierto y Meloni no ha dicho gran cosa sobre las preocupaciones que ha exteriorizado la oposición.
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