Francia es ahora el primer país en el mundo que garantiza el derecho al aborto en su constitución. Con 780 votos a favor, los senadores y diputados aprobaron consagrar en la constitución francesa el derecho garantizado a la interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque en varios países la interrupción voluntaria del embarazo ha sido despenalizada, ninguna constitución del mundo tenía consagrado este derecho en sus páginas, hasta ahora.
En Francia, la interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada hace unos 50 años, pero oficialmente, este 4 de marzo se convirtió en un derecho constitucional.
El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34 que «la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo».
«Vuestro cuerpo os pertenece y nadie puede disponer de él en vuestro lugar», proclamó el primer ministro, Gabriel Attal, en la intervención que abrió la sesión.
Aunque estuvo ausente del Congreso, Emmanuel Macron (presidente de Francia) reaccionó a través de la red social X y expresó el «orgullo francés» y el «mensaje universal» que lanza el país.
Además, anunció que promulgará la ley el próximo viernes, coincidiendo con la jornada internacional de los derechos de la mujer, y lo hará, por vez primera, en una ceremonia pública que tendrá lugar frente al Ministerio de Justicia.
Activistas por los derechos reproductivos celebraron esta decisión en Francia y en otros lugares del mundo, pues es un avance a nivel mundial.
En Estados Unidos se han visto algunos retrocesos, como la anulación de la sentencia Roe vs Wade de 1973, que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional.
Además, en Argentina con la llegada de Javier Milei muchas cosas van a empezar a cambiar y una de ellas sería el derecho al aborto.
El partido de liderado por el presidente Javier Milei presentó un proyecto que busca derogar el derecho al aborto e imponer cárcel a las mujeres que interrumpan su embarazo.
El proyecto también propone considerar el aborto como un delito penal para aquellos profesionales que ayuden a una mujer a interrumpir su embarazo, y busca que paguen penas de entre uno y cuatro años de cárcel.
En el texto no se presenta exoneración en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer «en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho».
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