En Francia se aprobó un proyecto de ley que prohíbe la discriminación capilar en el trabajo

La Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley que castiga penalmente a quienes discriminen a una persona por el color o el tamaño de su cabello, sobre todo en el ámbito laboral.

Esta propuesta busca proteger, entre otros, el pelo crespo de origen africano. El texto tuvo 44 votos a favor y dos en contra y ahora llegará al Senado, en donde se deberá aprobar para que entre en vigor.

El diputado Olivier Serva aseguró que muchas empresas presionan a sus trabajadores, sobre todo mujeres negras, a que corten su pelo o deshagan sus trenzas por una cuestión de imagen.

Serva dijo que con esto se pretende proteger no solo a «las mujeres negras obligadas a alisarse el pelo antes de una entrevista de trabajo», sino también «a las personas pelirrojas» y «a los calvos», entre otros.

La propuesta quiere que la discriminación capilar se una a la lista de sanciones penales contempladas en el derecho laboral.

El proyecto de ley recibió el respaldo de distintas diputadas de origen africano: «Estoy aquí con mis trenzas. Mis pelucas. Cuando postulaba a algunos empleos, me pedían que me alisara el cabello», dijo la diputada Fanta Berete.

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Gran parte de las mujeres negras han sido rechazadas de trabajos por el aspecto de su cabello

Olivier Serva mencionó que un estudio estadounidense mostró que una cuarta parte de las mujeres negras encuestadas dijeron haber sido descartadas de un empleo por el aspecto de su cabello en las respectivas entrevistas de trabajo.

«Hacer que solo se trata de discriminación por el cabello es enmascarar los problemas de las personas cuyo cabello las convierte en objeto de discriminación, en su mayoría mujeres negras», dijo Daphné Bedinade, antropóloga social, al diario Le Monde.

Para la ministra de Igualdad de Género, Aurore Bergé, el proyecto de ley tiene «el mérito de poner de relieve este tipo de discriminación».

La diputada del partido de izquierda radical Francia Insumisa, Danièle Obono, resaltó que esta es un problema «real, grave y político», que «afecta principalmente a las mujeres» y a las «personas racializadas».

Algunos de los detractores aseguraron que el proyecto es algo innecesario, puesto que la discriminación por el aspecto físico ya está prohibida por la ley.

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