Según los datos, solo se concedieron en el país 30.600 permisos de obra.
Un informe sobre los permisos de construcción de obra en España determinó que en 2024 se construyó un 70% menos viviendas que hace dos décadas. Según los datos, solo se concedieron en el país 30.600 permisos de obra.
Según el economista Ignacio de la Torre, «lo que se está construyendo ahora se basa principalmente en suelo fabricado antes de 2008 y paralizado por la crisis financiera».
La vivienda en España se encuentra en crisis
A pesar de los anuncios del Gobierno de construir 185,000 viviendas para alquiler social, la reactivación del sector no está avanzando como se espera. Actualmente, los niveles de construcción son apenas un tercio de los que había en 2004, incluso antes del auge inmobiliario.
Además, las viviendas actuales son más pequeñas y los metros cuadrados autorizados para construir han caído un 80%, lo que representa el mayor desplome de Europa.
Aunque la actividad constructora ha disminuido en el continente europeo desde 2004, el caso de España es especialmente grave. Mientras que la caída promedio en la región es del 18%, en España alcanza un 80%. «Fabricar suelo para construir requiere plazos de entre 10 y 15 años», explica de la Torre, quien advierte que las condiciones actuales hacen inviable aumentar significativamente la oferta.
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Por otro lado, la demanda de vivienda sigue en aumento debido a la necesidad de emancipación, la llegada de nuevos habitantes y la rentabilidad del mercado inmobiliario. Pero la oferta no logra satisfacer esta demanda.
Esto incrementó un 10% en el precio de la vivienda nueva durante el último año, más del doble que el promedio de Europa. Desde 2019, los precios han subido un 45%, lo que refleja una gran demanda insatisfecha por nuevas construcciones.
La solución es política
Resolver esta crisis requiere medidas claras y efectivas por parte del Gobierno. De la Torre enfatiza que «no solo hay que reducir obstáculos para urbanizar nuevo suelo, también es necesario atraer capital a la construcción».
Sin soluciones políticas concretas, la situación podría empeorar, generando bloqueos económicos y fomentando respuestas populistas que no resolverían el problema estructural del sector inmobiliario.
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