Mientras en EEUU el derecho a abortar podría empezar a peligrar, en España se dan pasos adelante para garantizar este derecho. Según ha trascendido a través de la Cadena Ser, el documento que maneja el Gobierno de España junto al Ministerio de Igualdad y que será presentado el próximo martes en el Consejo de Ministros, permitirá que las chicas a partir de los 16 años puedan interrumpir su embarazo sin el permiso de sus padres. Hasta ahora, no era posible hacerlo sin tal autorización hasta los 18 años.
“Esas jóvenes pueden decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación de vida o muerte, pero se les exige el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo», exponía la ministra de Igualdad Irene Montero hace unas semanas en referencia a esta ley. «Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”.
Además, la nueva ley incurre de manera reiterada en lo relativo a blindar la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público. Tal y como publicaron las periodistas Noemí López Trujillo y Alba Martín Campos en Newtral, hasta ocho provincias españolas no han practicado abortos en los últimos 30 años, ateniéndose a la objeción de conciencia de los profesionales. La norma, aun respetando este derecho, pondrá en marcha los mecanismos necesarios para que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen el aborto. Así, ninguna mujer tendrá que desplazarse a otra provincia para someterse a esta práctica.
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Según la información de la Cadena SER, se mantienen los plazos actuales. Aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación; y hasta la semana 21 en caso de que se trate de una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.
Otra cuestión relevante que recoge esta nueva ley, tras años de peticiones del movimiento feminista, se refiere a la salud menstrual. Los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después estarán financiados públicamente. Además, se distribuirán en institutos a través de campañas de educación sexual.
El documento también refleja la eliminación del IVA para los artículos de higiene femenina –la denominada tasa rosa–. Mientras que los centros educativos deberán garantizar el acceso a estos productos, si así lo requieren algunas alumnas por su situación socioeconómica. Para quienes estén en edad de trabajar, se contemplan bajas de tres días si la mujer padece reglas dolorosas.
Por último, la nueva norma incluye acciones para luchar contra los vientres de alquiler –una práctica prohibida en España, pero que llevan a cabo algunas parejas a través de mujeres en otros países–. Se modificará la ley de 1988, penando toda publicidad de agencias o clínicas de intermediación que promuevan las prácticas comerciales para la gestación subrogada. Y lo más relevante: los vientres de alquiler serán reconocidos como una forma de violencia contra las mujeres.
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