Es tan grave como parece. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, escribió una declaración el pasado lunes en la que afirmaba que los procedimientos de transición de género son abuso infantil. Según él, se basa en la ley estatal existente de Texas.
Al día siguiente el gobernador Greg Abbott ordenó a la agencia de protección infantil del Estado que investigue a las familias de los niños y niñas trans por el delito de abuso infantil. Lo hizo a través de una carta pidiendo que se “realicen investigaciones rápidas y exhaustivas” de cualquier caso informado de menores que se sometan a “procedimientos electivos para la transición de género”.
Agregó también que la ley estatal “establece sanciones penales por no denunciar dicho abuso infantil”. Por lo tanto, responsabiliza y obliga a los profesionales con licencia que trabajan con niños y niñas, incluidos maestros, enfermeras y médicos a informar si son testigos de una transición. En el caso de no hacerlo, se especifican sanciones penales por ignorar un abuso.
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De acuerdo con el representante republicano, como ya ha expresado públicamente en otras ocasiones, los tratamientos para menores trans deben detenerse. Este sería solo su primer movimiento para acabar con la libertad de género.
Activistas LGBTQ han expresado sus quejas porque considera que la orden de Abbott es profundamente preocupante: ignora tanto la medicina como las leyes que protegen al colectivo. Además, este tipo de discursos atizan un pánico generalizado entre los jóvenes trans y sus familias ya existente en Texas. En cualquier caso, se trata de una medida que directamente ignora los derechos humanos.
Por ahora –y por suerte– la constatación de esta norma no tiene ningún fundamento práctico. Solo se basa en la opinión legal de un fiscal general, que no tiene el peso en la legislación. «En el sentido legal inmediato, esto no cambia nada», explica en USA Today Chase Strangio, director de justicia transgénero de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. «Existen leyes que protegen por separado a los padres a través de cualquier tipo de procedimiento. Entonces, en términos de si esto significa que todos los padres de un niño trans serán investigados de inmediato, la respuesta es no».
Así, aunque el Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas podría iniciar investigaciones sobre los padres y familias, estas no tendrían consecuencias legales.
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Las principales organizaciones médicas, incluida la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psicología, se oponen a los intentos políticos de aislar a los niños de la atención médica en cuestiones de transición.
La almirante Rachel L. Levine, subsecretaria de salud de Biden y mujer trans ha criticado duramente la medida de Abbott. «Los pediatras líderes de nuestra nación apoyan la atención de afirmación de género basada en evidencia para jóvenes transgénero. El HHS apoya a los jóvenes transgénero y sus proveedores médicos”, expresa en un comunicado al Morning News.
Brian Klosterboer, abogado de la ACLU de Texas, reitera en otro escrito que ni la opinión ni la carta tienen un efecto legal. “Pero difunden miedo e información errónea y podrían generar informes falsos de abuso infantil», finaliza.
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