La ropa de segunda mano termina, en su gran mayoría, en contenedores de África, señaló un estudio de Greenpeace España. Crédito: EFE
Greenpeace España publicó un estudio en donde rastreaban 23 prendas durante más de un año, recorriendo 11 países en 4 continentes. El trayecto total superó los 205.000 kilómetros, equivalente a dar cinco vueltas al mundo.
A pesar de depositarse en contenedores para su supuesta reutilización, la mayoría de estas prendas terminó exportada a países como Marruecos, India o Ghana. El 92 % de las prendas rastreadas acabó fuera de España, lejos del objetivo de fomentar un consumo sostenible.
Según datos de Greenpeace, gran parte de la ropa depositada en contenedores es desechada, quemada o convertida en trapos. En 2023, España exportó más de 129.000 toneladas de residuos textiles, de los cuales el 92 % era ropa usada. Además, la Unión Europea estima que solo el 4 % de la ropa desechada en España se recoge selectivamente, lo que indica la magnitud del problema.
Para la organización, este modelo de “comprar y tirar” es insostenible. Hace 15 años, había dos temporadas principales de ropa, mientras que ahora existen más de 50 microtemporadas anuales. Muchas prendas se desechan incluso sin usarse, generando contaminación y un impacto ambiental devastador.
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El fast fashion representa el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y contamina los océanos con microplásticos provenientes de fibras sintéticas como el poliéster. Además, teñir y estampar prendas utiliza químicos tóxicos que contaminan el agua, siendo la moda responsable del 20 % de las aguas residuales a nivel mundial.
La industria también perpetúa desigualdades: en países como Bangladesh, el sector textil representa el 20 % del PIB, pero nueve de cada diez trabajadores no tienen acceso a alimentos suficientes. Asimismo, producir una camiseta de algodón requiere 2.700 litros de agua, mientras que un solo par de jeans consume 7.500 litros.
Ante esta crisis, Greenpeace destaca la urgencia de legislar. A partir de 2025, las empresas textiles estarán obligadas a gestionar los residuos que generan, lo que podría ser un punto de inflexión para reducir la contaminación. Sin embargo, también llama a la ciudadanía a moderar el consumo, evitando compras innecesarias.
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