Profesor ofrece terapias de conversión sexual en España
Un profesor de un colegio en Valencia, España, está siendo investigado por supuestamente realizar terapias de conversión sexual a sus alumnos.
Fueron cinco los jóvenes que denunciaron que cuando estaban en la secundaria, su profesor les ofrecía «una pastilla para curar» la homosexualidad e incluso les enviaba diapositivas de PowerPoint donde explicaba el tema.
La dirección del centro educativo religioso estudia el caso y se reunirá para tomar un decisión con respecto a la denuncia. Así mismo, la Inspección Educativa de la Cancellería de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana se hará caro de la investigación.
El estudiantes que realizaron la denuncia, actualmente tienen 20 y 27 años. Y según sus declaraciones, el profesor les ofrecía unas pastillas para «curar definitivamente» la homosexualidad y los reprendía, si veía algún tipo de afinidad entre dos estudiantes.
El colegio acusado Madre Josefa Campos, desconcertado, aseguran que desconocían del caso y que están comprometidos por aclarar la situación.
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Los partidos políticos PSPV y Compromís han expresado su indignación y han solicitado la retirada inmediata del profesor acusado. También han subrayado la importancia de proteger a los estudiantes de cualquier tipo de comportamiento homofóbico y han prometido vigilar de cerca la investigación para garantizar que se haga justicia.
«No podemos permitir que un docente homófobo continúe arruinando la vida de sus alumnos», afirmaron representantes de estos partidos.
Es fundamental destacar que las leyes de igualdad LGTBIQ+ en España prohíben rotundamente las terapias de conversión. La denuncia contra el profesor es una acusación sería que podría resultar en consecuencias legales significativas.
El gobierno Español prohíbe este tipo de prácticas, debido a que va en contra de los derechos de las personas de la comunidad.
Las «terapias» de conversión pueden castigarse con multas de hasta 131.046 USD, y en los casos más graves, con la inhabilitación de tres a cinco años para trabajar en la Administración pública. Estas sanciones reflejan el compromiso del país en proteger los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y erradicar prácticas discriminatorias y dañinas.
Además, diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a los estudiantes afectados y han manifestado su preocupación por la posible vulneración de sus derechos. Han instado a las autoridades a actuar con firmeza y celeridad para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes involucrados.
La comunidad educativa y la sociedad en general están a la espera de los resultados de la investigación. Este caso ha generado un debate significativo sobre la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en las instituciones educativas para prevenir y abordar cualquier forma de discriminación o abuso.
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