Hace 30 años que España, siguiendo la estela del resto de países europeos como Reino Unido o Italia, decidió reformar la Ley General de Sanidad y proceder al cierre de los centros psiquiátricos. El objetivo era erradicar la estigmatización que había en torno a estos centros y favorecer la integración social, laboral y familiar de las personas que sufren trastornos mentales.
La decisión, pese a tener un carácter positivo, ha llegado tarde y mal. Tarde porque ha sido en los últimos diez años cuando han comenzado a desmantelarse las instituciones. Y mal porque los afectados no están contando con una red asistencial real, sino con soluciones parche que dejan a un elevado número de personas en situación vulnerable.
“Las personas que sufren problemas de salud mental no interesan al sistema. Los gobiernos prefieren invertir en ensayos clínicos que en dar una seguimiento y una atención de calidad a los afectados”. Las declaraciones son de Ramón —nombre falso—, un profesional de la psiquiatría con más de 30 años de experiencia en la rehabilitación de pacientes.
Sin una verdadera red de apoyo, son las familias y las asociaciones quienes luchan a diario para dar respuesta a las necesidades de miles de afectados. Los perfiles más vulnerables, según recoge la asociación SESPAS, son los niños y adolescentes, los ancianos y los drogodependientes.
Cuando ni siquiera las familias quieren hacerse cargo, el cierre de psiquiátricos aboca a muchos enfermos mentales a terminar en la calle. Por ello, el grupo que se lleva la peor parte es invisble a la sociedad y está fuera del sistema: las personas sin techo. Su única esperanza está en las organizaciones no gubernamentales
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Según recoge la ONG Arrels, que ofrece asistencia social a quienes se ven obligados a dormir en la calle, un 44% de las personas sin hogar en Barcelona (de una muestra de 348) padecen enfermedades crónicas, entre las que destacan por encima de todas, las mentales. ESSMES, el equipo de salud mental catalán que asiste a las personas sin hogar, en un informe publicado en 2015 en el que atendió a 245 personas, señaló que la esquizofrenia era la más preminente (un 88%).
Teniendo en cuenta que en la Unión Europea hay 30 millones de ciudadanos que no disponen de un alojamiento digno y que 410.000 no tienen hogar, el problema no es menor.
La Confedereción Salud Mental España, que congrega a 19 federaciones y hasta 300 asociaciones de familiares y personas con enfermedades mentales en España, ha sido una de las principales defensoras del cierre de los psiquiátricos. “Es un avance pero todavía queda mucho por hacer. Se han puesto en marcha pisos tutelados, residencias y ayudas asistenciales, pero la gran parte del trabajo recae en los familiares y en iniciativas privadas”, explica a PlayGround su presidente Nel González Zapico.
En España, por otro lado, no existe todavía una red unificada de ambulatorios de día que dé atenciones a los pacientes. Las diferencias entre cada Comunidad Autónoma son bastante notables. “Por desgracia, una persona que vive Andalucía o Extremadura no va a disponer de los mismos medios de atención que una que reside en en Madrid o Barcelona”, lamenta, por su parte, el Doctor Francisco del Olmo, psiquiatra y director de dos centros clínicos en Madrid.
El grupo que se lleva la peor parte es invisble a la sociedad y está fuera del sistema: las personas sin techo. Su única esperanza está en las organizaciones no gubernamentales
A pesar de la gravedad de la situación, la salud mental sigue sin ser una prioridad para las agendas políticas. Los presupuestos a la Salud Mental no superan de media el 7% del monto sanitaria. Y eso, en los mejores casos. España tan solo deriva 5 de cada 100 euros a los recursos destinados a Salud Mental, uno de los más bajos de la Unión Europea. Lo mismo sucede con el gasto destinado a la protección social, que supone un 19% del PIB, y a la Sanidad (7,2%).
Ramón, el profesional que prefiere mantenerse en el anonimato, explica: “Los tratamientos destinados a la atención y rehabilitación de personas con enfermedades mentales le cuesta a los países diez veces más que las patologías relacionadas, por ejemplo, con el corazón. Sin embargo el dinero que se destina es diez veces menor”.
El dinero, según explica, sobre todo se invierte en ensayos clínicos y farmacológicos. “Los fármacos son necesarios y una parte muy importante en la rehabilitación de la persona que ayudan a que los pacientes puedan llevar una vida más autónoma. Pero no pueden ser la única vía de rehabilitación. Tiene que darse un segumiento médico controlado por el psquiatra y la psicoterapia. Debe elaborarse un seguimiento individualizado y asegurarse de que la persona afectada tenga una red asistencial que favorezca su integración en la sociedad”, asegura.
Por su parte, el doctor Del Olmo, asegura que la salud sental vive marginada también en las leyes: “Muchas enfermedades relacionadas con la salud mental han quedado exluidas de la Ley de Dependencia, cuando se ha demostrado la incapacidad que pueden suponer para quién las padece”.
La situación afecta también a los profesionales médicos y a los trabajadores sociales, que se ven obligados a atender a los pacientes en tiempo récord. Pero, sobre todo, a quienes padecen la enfermedad, que ven sus posibilidades de integración y recuperación cada vez más limitadas y que siguen sufriendo el estigma y la no aceptación de gran parte de la sociedad.
“Si todavía tenemos mucho camino por recorrer en la asignatura de la Salud Mental dentro de las instituciones médicas, imagina una persona que no cuente con recursos económicos o con el apoyo de sus familiares. ¿Dónde va a terminar en esa persona? Lo más probable es que acabe en la calle”, dice Ramón.
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Desde sus inicios, la palabra manicomios llevaba implícita un rechazo automático, un estigma que, a día de hoy, sigue costando desmontar. Se ubicaron a las afueras de las ciudades, quizás para mantener a los enfermos invisibilizados y alejados de la sociedad. Sus orígenes se remontan a centros creados por la beneficiencia que más tarde pasaron a ser gestionados por el Estado.
“Está claro que la imagen de manicomio como la que se representa en la película Alguien voló sobre el nido del cuco ha existido y sigue existiendo en algunos países. Pero hoy, los centros psiquiátricos han cambiado mucho. Muchos cuentan con entornos verdes que permiten a los pacientes estar en contacto con la naturaleza, además de contar con buenos servicios de atención y talleres”, argumenta Ramón.
La idea de cerrar los centros psiquiátricos debe ser el camino a seguir, pero tienen que darse los recursos necesarios para atender a las personas. No basta con conseguirles una residencia o un piso tutelado y atiborrarlos a pastillas
“La idea de cerrar los centros psiquiátricos debe ser el camino a seguir, pero tienen que darse los recursos necesarios para atender a las personas. No basta con conseguirles una residencia o un piso tutelado y atiborrarlos a pastillas. Debe hacerse de forma programada, basada en la experiencia y haciendo un proceso de rehabilitación individualizado y paulatino y ahora mismo España no cuenta con esos recursos”, denuncia.
En una posición similar, el doctor Del Olmo también se muestra favorable a la reforma pero alerta de los casos que han precedido a España y aboga por contar, con al menos un mínimo de camas hospitalarias para los casos más graves y que necesiten de un internamiento. “España dio un paso con la reforma de la Ley de Sanidad, pero no puede obviar los resultados que han tenido en países como Estados Unidos o Sudáfrica, este último fue un verdadero genocidio”, explica.
“Debemos seguir la estela de países como Reino Unido, Holanda o Alemania, donde la reforma se hizo de forma paulatina y contando con el resplado de los Gobiernos que favorecieron la autonomía y la integración de los pacientes en la sociedad”, asegura. “Pero incluso en estos países existen un mínimo de camas para ingresos”, concluye.
Desde la Confederación, su presidente, Nel González, asegura que la mejor manera de sobrellevar una enfermedad mental mental no pasa por encerrar a las personas en centros, sino por darles una autonomía y una integración para que puedan sentirse parte de la sociedad en todos sus ámbitos. “Hay estudios que demuestran que encerrar a las personas en un centro psiquiátrico ha supuesto un empeoramiento de su enfermedad y, como consecuencia, de su salud”.
Hace falta el compromiso de todas las administraciones, y también la participación de empresarios, periodistas, jueces, vecinos, profesores, amigos. Solo cuando caigan también esos muros, invisibles pero reales, podremos decir que el sueño de la reforma psiquiátrica se ha convertido en una realidad
El Presidente de Honor de la Confederación, José María Sánchez Monge, mantiene la necesidad de unir fuerzas: “Debemos derribar, de una vez por todas, los muros invisibles que la sociedad todavía hoy, levanta frente a las personas con una enfermedad mental. Pero tenemos claro que solos no podremos. Hace falta el compromiso de todas las administraciones, y también la participación de empresarios, periodistas, jueces, vecinos, profesores, amigos”, asegura Sánchez Monge. “Solo cuando caigan también esos muros, invisibles pero reales, podremos decir que el sueño de la reforma psiquiátrica se ha convertido en una realidad”, concluye.
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Las enfermedades mentales van camino de convertirse en la epidemia del siglo XXI. Es la conclusión extraída del informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) del pasado 7 abril, con motivo del día Internacional de la Salud. La organización cifra en 450 millones (1 de cada 4) el número de personas que sufre alctualmente una enfermedad mental.
Además, los trastornos mentales incapacitan. Entre las 10 patologías que más invalidan a una persona, cuatro son enfermedades relacionadas con la salud mental, siendo la primera de todas la depresión. Y son las que más afectan a la calidad de vida por la cantidad de tiempo vivido con la enfermedad. “Quienes sufren una enfermedad mental se enfrentan a una triple discapacitación”, explica Del Olmo.
“Afectan a una edad muy temprana (el 20% de jóvenes y adolescentes del mundo sufre algún tipo de trastorno mental, excluyen del mercado laboral y supone una carga para las familias porque no hay recursos públicos”, concluye.
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