Según un informe elaborado por la Asociación de Clínicas para la interrupción del embarazo, el 89% de las mujeres que habían abortado se sintieron acosadas.
A partir del 14 de abril, no volveremos a ver en España la imagen de un grupo que se define como «provida» –que nadie se confunda, la vida de las mujeres no les importa en absoluto– acosando a mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo en una clínica. O al menos, si lo hacen, será considerado un delito, castigado con una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.
La reforma del Código Penal, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se refiere a quien «obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» y acose a una mujer «mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad».
Se trata de una medida que se ha conseguido gracias a la presión del movimiento feminista. ¿Por qué una práctica legal desde 1985 en nuestro país debe realizarse bajo el acoso, la coacción e incluso la agresión física y verbal?, gritaban en las calles millones de mujeres desde hace años.
Según un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo(ACAI), el 89% de las mujeres que entrevistaron y que habían ejercido su derecho al aborto se habían sentido acosadas; y un 66%, amenazadas.
El debate en la Cámara sobre la modificación del Código Penal que requería esta propuesta tuvo lugar el pasado septiembre. Fue un debate con enorme tensión, allí mismo el diputado de ultraderecha José María Sánchez García llamó “bruja” a Laura Berja, la portavoz de Igualdad del Partido Socialista en el Congreso. “Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos”, le contestó ella sin amedrentarse. Y ahora, la reforma que propuso, es una realidad. Todos los partidos, excepto Partido Popular y Vox, han votado a favor.
Pena también el acoso a los sanitarios
La misma ley recoge que también serán castigados penalmente quienes acosen a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo. Se ha considerado necesario incluirnos, ya que también reciben violencia en las entradas de estas clínicas.
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La ley considera «imprescindible garantizar una zona de seguridad» alrededor de esos centros para garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Para frenar cualquier violencia de este tipo a partir de ahora, no será necesaria la denuncia de la persona agraviada, sino que puede realizarse externamente.
Es importante resaltar, como lo expone la misma ley, que esta se lleva a cabo siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar.
